Por Fanny Yépez

25 de agosto de 2026

Se siguen acumulando denuncias por “mocha sueldos”

Ahora surgen denuncias en el Tribunal Electoral de Veracruz

Que las denuncias las presenten ante las fiscalías

Los resientes escándalos y denuncias de "moches" (retención ilegal de salarios a colaboradores) en el estado de Veracruz, han generado alta tensión política, preocupación social y un terrible desprestigio para los que cometieron este delito.

 Se abrieron carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado de Veracruz (como la carpeta 539/2026), tras acusaciones directas contra actores políticos de la actual legislatura, por presunto abuso de autoridad y descuentos obligatorios a trabajadores de confianza.

 El tema escaló al ámbito público cuando la gubernatura estatal exigió que las acusaciones no queden en disputas mediáticas y se investiguen formalmente, aunque persisten críticas de opacidad y temor sobre la autonomía real de las fiscalías anticorrupción.

 Impacto político. - este tipo de prácticas afecta la credibilidad institucional y se suma a otros problemas administrativos, arrastrados por distintos ayuntamientos y dependencias en la entidad.

 El caso más sonado de "moches" y retenciones indebidas de salario en Veracruz en 2026, involucra a la diputada local de Morena, Dorheny García Cayetano, quien fue denunciada formalmente ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

 En el mismo entorno del Congreso local, se acumularon denuncias públicas por parte de ex colaboradores que señalaron presuntas retenciones de dinero en nóminas de otros representantes populares, avivando el debate sobre los recortes de sueldo a trabajadores ("mochasueldos") en la entidad.

 En fecha reciente llego a las redacciones de varios medios, sobre todo digitales, una denuncia anónima misma que se maneja con ciertas reservas.

 Resulta que trabajadores del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), denunciaron de manera anónima presuntos casos de acoso sexual, hostigamiento laboral, amenazas y descuentos irregulares a salarios, que atribuyen a integrantes de la magistratura.

 De acuerdo con los testimonios, el magistrado presidente del TEV, Gilberto Concepción Salazar Ceballos, presuntamente habría ejercido presión sobre trabajadoras para aceptar propuestas de carácter sexual, bajo supuestas amenazas de perder el empleo o ser objeto de campañas de desprestigio.

 Los denunciantes también señalaron la existencia de presuntos “moches” o descuentos salariales, bajo el argumento de entregar un porcentaje de sus ingresos para conservar sus puestos dentro del organismo.

 En los señalamientos aparece, además, el magistrado en funciones Rodrigo Delgadillo Crivelli, a quien atribuyen presuntamente respaldar decisiones de la presidencia y permitir la continuidad de las prácticas denunciadas.

 Otro de los hechos que solicitan investigar es un supuesto viaje de vacaciones a Las Vegas, que habría sido financiado, según las acusaciones, con recursos públicos del Tribunal y aportaciones derivadas de los presuntos descuentos a trabajadores.

 Las denunciantes pidieron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle y de las autoridades competentes, para realizar una investigación imparcial, deslindar responsabilidades y garantizar protección a quienes aporten información.

 Como las denuncias se realizaron en forma anónima y no se presentaron pruebas fehacientes, entonces es necesario que estos datos se manejen con cierta cautela, hasta confirmar la veracidad de los dichos o en su caso, que las autoridades investiguen la veracidad de las denuncias, las cuales de resultar ciertas serían un delito.

 Las denuncias por "moches" (sobornos o extorsión por parte de servidores públicos), se deben presentar ante la Secretaría de la Función Pública, si es un caso federal, o ante la fiscalía u órgano de control interno del estado correspondiente.

 Los moches (sobornos o extorsión a cambio de un beneficio o asignación) y los descuentos indebidos (retenciones ilegales de salario), constituyen prácticas irregulares que pueden configurar delitos de corrupción, cohecho o violaciones graves en el ámbito laboral según las leyes de México.

 Cabe señalar que retener parte del salario de un trabajador sin justificación legal ni su consentimiento, vulnera la Ley Federal del Trabajo (Artículo 110) y tiene consecuencia legal. Aunque muchas retenciones se dirimen por la vía laboral o administrativa (ante la PROFEDET), el ocultamiento o la apropiación sistemática del sueldo puede constituir delitos penales, como abuso de confianza o retención indebida.

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