La guerra: la salud como botín

POR ALFREDO POBLETE DOLORES

*Mi solidaridad con el quehacer de Sergio Aguayo

Xalapa, ver.- En noviembre de 1996 el gobierno federal sometió a consideración de la cámara de diputados el proyecto de decreto del presupuesto de 1997. En ese documento se consideraba una estrategia, con tres segmentos, para superar la pobreza: 1) un programa de educación, salud y alimentación, como un esfuerzo para romper el círculo de la pobreza extrema, caracterizado por la desnutrición, los altos índices de mortalidad infantil, el abandono escolar y, en general, condiciones de vida insalubres. 2) La creación de oportunidades de empleo e ingreso, y 3) la construcción de infraestructura social.

El decreto mencionado en el párrafo anterior se elevó a norma constitucional y quedó plasmado en forma de collage en el artículo 4° de la constitución política de los estados unidos mexicanos. En un apartado de ese artículo constitucional se lee, entre otras reglamentaciones: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud (…)” En otro inciso del mismo artículo se redactó lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.” En otro párrafo se añade: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.” Un agregado diferente dice: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.”

Todo lo que aparece en el artículo 4° —y en otros apartados constitucionales que hablan de justicia social— fue letra muerta. No se hizo nada para concretizar lo ahí plasmado. Lo que sí hicieron los gobernantes pasados, en el rubro de la salud, fue una serie de abusos, robos y saqueos; ilegalidades y verborrea con respecto a la vivienda digna; peroratas e insensibilidad para satisfacer las necesidades de la infancia mexicana; simulación e ineptitud para crear ambientes dignos y saludables para promover el bienestar de la población.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pretende realizar cambios al artículo 4° de la constitución para lograr —entre otras mejoras— que los servicios de salud sean gratuitos — incluyendo las medicinas— para todos aquellos que no cuenten con esa cobertura sanitaria; elevar a rango constitucional la pensión para la población de la tercera edad y que se plasme en la carta magna que son obligatorias las becas escolares para niños y jóvenes marginados así como apoyos económicos para la población con discapacidades permanentes. De aprobarse tales cambios constitucionales —año con año— tendrán que presupuestarse las erogaciones financieras correspondientes.

Los opositores a todos los cambios o proyectos presidenciales mascullan torpes e ineficaces cantaletas. Lo acusan —un día sí y otro también— de ocurrente, improvisado, inexperto, soberbio o ignorante de la realidad nacional. Las imputaciones y descalificaciones esgrimidas por los adversarios políticos de López Obrador provocan —en muchos casos— ternura y compasión por el evidente cretinismo político de sus rivales. Los reproches y recriminaciones —de sus malquerientes— no llegan a donde pretenden llegar y sólo son creíbles entre sus compinches ideológicos o aceptados por sus congéneres. Basta poner en la mira y prestar atención al origen, trayectoria, logros y desempeño político del presidente para que las ofensas y recriminaciones caigan por su propio peso.

El año pasado los enemigos de AMLO pronosticaron el fracaso de la lucha contra el “huachicol”; lo mismo sucedió cuando derogó la reforma educativa; las Ong´s y las distinguidísimas personalidades de la sociedad civil pegaron el grito en el cielo cuando les cortaron el flujo de privilegios; “Antorcha campesina” y otros vividores de igual calaña protestaron por la falta de apoyos a los “campesinos”, “hombres del campo” y al agro mexicano en general. Los policías federales se manifestaron, en varias ocasiones, porque les “atropellaron” sus derechos laborales. Hasta aquí dejamos el recuento de las vanas inconformidades y estériles protestas provocadas por las decisiones presidenciales.

Las acciones emprendidas por AMLO tienen un denominador común: acabar con la corrupción. Ya sea en PEMEX; en el sector de la educación; en la policía o en el campo mexicano. En todos los casos —donde se llevan a cabo transformaciones— encontramos a políticos corruptos o inescrupulosos empresarios robando o saqueando las arcas públicas. Otros personajes opositores al gobierno actual son los “periodistas” que magnifican, tuercen o falsean información para desprestigiar al presidente; éstos últimos se formaron en la cultura del chayote; por exiguas propinas o generosos untos envilecieron su profesión, degradaron las pantallas de TV, los micrófonos de la radio y pervirtieron las páginas de los diarios.

El año inició con boicots, sabotajes, protestas e inconformidades por la desaparición del llamado seguro popular y la creación del instituto de salud para el bienestar (INSABI). Al día siguiente (2/01/2020) que entró en operación el INSABI empezaron las críticas, reproches y recriminaciones en contra del proyecto de salud universal. El motivo de tanta alharaca es que inició el desmantelamiento de cárteles de distribución de medicinas y otros insumos para hospitales y clínicas pertenecientes al servicio de salud público. Los distribuidores y directivos de los nosocomios —como táctica de lucha— han provocado un artificial desabasto de medicamentos. Su “golpe” más efectista es la “escases” de medicinas para el cáncer infantil. A ellos no les importa la salud de los niños o el dolor de esos infantes, menos el sufrimiento y desesperación de los padres. A ellos lo que les interesa es seguir obteniendo las multimillonarias ganancias producto de su turbio negocio. De casi todos es sabido que esos distribuidores vendían con sobreprecios sus productos y cometían otras irregularidades.

En las redes sociales circula la versión que políticos priistas son los distribuidores de medicamentos. Se menciona a Manlio Fabio Beltrones; Miguel Ángel Osorio Chong; Roberto Madrazo; Emilio Gamboa y José Narro. La autoridad correspondiente debe investigar a esos personajes e informar al pueblo si esa versión es cierta o se deshecha. Ser distribuidor de cualquier producto no es delito; formar cárteles es inmoral; especular con medicamentos y poner en riesgo la salud y vida de los niños y la población en general debe ser merecedor de sanciones penales. Tanto que criticaban los monopolios —sobre todo de PEMEX— y miren la cola tan larga que —de ser cierto— les están descubriendo a ese puñado de bandidos tricolores.

No dudo que políticos, de altos vuelos y baja estofa, estén involucrados en el sabotaje a los proyectos presidenciales, en el desabasto de medicinas y en la orquestación de los ataques mediáticos. Ojalá se aclare el asunto, se sancione al sancionable y se acaben las corruptelas.

alfredopoblete@hotmail.com

*No se puede vulnerar la moral de un amoral y deshonesto.