La Columna

Por Fanny Yépez

20 de octubre de 2026

Por fraude, el Ayuntamiento de Veracruz denuncia al grupo Mas ante la FGE

Envuelve al grupo Mas una estela de irregularidades e incumplimientos

Nunca realizaron las inversiones en infraestructura que establece el contrato

 La concesión a Grupo MAS (Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V.) para el servicio de agua potable y saneamiento en Veracruz y Medellín de Bravo, fue aprobada por el Congreso del Estado de Veracruz el 20 de agosto de 2015, y el título de concesión formal fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 26 de diciembre de 2016.

 El título de concesión en el puerto de Veracruz fue otorgado por el entonces presidente municipal de Veracruz, Ramón Poo Gil, en conjunto con el alcalde de Medellín de Bravo de ese momento, Luis Gerardo Pérez Pérez y el 26 de diciembre de 2016, se concesiono por un plazo de 30 años.

 El "lado oscuro" de la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) en Veracruz, —consorcio privado controlado por la multinacional española Acciona—, abarca un largo historial de escándalos, deficiencias operativas y, de manera muy reciente, serias acusaciones penales.

 Los puntos críticos y controversias que definen la crisis de esta polémica concesión hídrica incluyen:

 Denuncia Penal por Fraude (octubre 2026)

 El Ayuntamiento de Veracruz interpuso una denuncia penal formal, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Grupo MAS, por los delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa.

 La auditoría arrojó dos anomalías principales:

 Triangulación de recursos: Se detectaron flujos financieros y operaciones millonarias sospechosas (pagos por 176.7 millones de pesos) a empresas vinculadas directamente con la matriz española Acciona.

 Sueldos excesivos, directivos de la empresa percibían sueldos desproporcionados no autorizados, de hasta 5.8 millones de pesos anuales, superando las percepciones de los gobernantes del país.

 Cobros Inflados y Presión a Usuarios

 La concesionaria intentó transferir y cobrar una cartera vencida de más de 2,660 millones de pesos, afectando a unas 82 mil familias veracruzanas. El Instituto Metropolitano del Agua (IMA) rechazó este cobro al detectar graves inconsistencias, tales como cobros por "consumos no facturados", recargos abusivos y adeudos antiguos que, legalmente ya habían prescrito. El ayuntamiento se negó rotundamente a actuar como "cobrador" de la empresa.

 El Escándalo del "Huachicol" de Agua (Conexión Ilegal)

 A principios de 2026, una inspección técnica del IMA descubrió una conexión presuntamente ilegal operada por Grupo MAS. La empresa desviaba en secreto aproximadamente 4 millones de litros diarios de agua desde la planta potabilizadora de Veracruz hacia los fraccionamientos de Boca del Río (conectando con la red operada por su empresa hermana, CAP). Este desvío dejó sin el suministro y la presión adecuada a decenas de colonias del municipio de Veracruz, sin que existiera autorización legal alguna.

 Incumplimiento de Inversiones e Infraestructura

 Tanto el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), como dependencias municipales han documentado que Grupo MAS incumplió las condiciones del título de concesión original. No realizaron las inversiones millonarias prometidas en infraestructura para mejorar las plantas potabilizadoras, ni el alcantarillado. Además, se han reportado pérdidas millonarias en recursos federales (como fondos de Conagua), debido a que la concesionaria se negó a aportar su contraparte económica para obras hidráulicas esenciales.

 Agua Sucia y Riesgo Sanitario

 A lo largo de los años, se han acumulado más de 6,500 quejas documentadas por desabasto crónico y pésima calidad del agua, la cual suele salir turbia o sucia de las llaves. Jueces federales han ordenado inspecciones y emplazado a la empresa a presentar certificados sanitarios vigentes, que demuestren que el agua entregada realmente es apta para el consumo humano, bajo la amenaza de severas multas.

 El Origen Político: La Herencia de Odebrecht

 En el fondo del descontento social también pesa el origen de la concesión, aprobada originalmente en 2015 por 30 años con la participación de la polémica empresa brasileña Odebrecht, (unida en su momento a Aguas de Barcelona), antes de ser transferida a Acciona. Desde su nacimiento, la privatización fue severamente señalada por ser un esquema que anteponía el negocio particular por encima del derecho humano al agua.

 Por todas estas razones y más irregularidades, la alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández presentó una denuncia en contra del Grupo Mas ante la Fiscalía General del estado.

 La Presidenta Municipal de Veracruz detalló que la denuncia es por dos hechos:

 Uno, por operaciones relacionadas entre las partes de Acciona, es decir, se prestan entre CAB y Grupo MAS, tienen operaciones financieras entre ellas, siendo que, nosotros no tenemos nada que ver con otras empresas ni grupos, sino solamente con Grupo Metropolitano del Agua, Grupo MAS.

 La otra es por fraude en grado de tentativa porque están queriendo hacernos cobros que no están fundamentados. Más de 2,660 millones de pesos que pretenden que nosotros cobremos a usuarios sin estar bien fundamentados.

 Y porque los funcionarios que administran Grupo MAS pues se están auto pagando sueldos que están muy por encima de lo que marca la Constitución y la ley, por ejemplo, ganan más que la Presidenta de la República, la Gobernadora del Estado y la Alcaldesa juntas, y ese no es dinero suyo, es dinero de la empresa, porque somos una empresa mixta, sus socios somos Veracruz y Medellín y no se les han autorizado esos sueldos.

 Derivado de lo anterior, estamos solicitando a la Fiscalía General del Estado que requiera también al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, para que analice este posible esquema de defraudación fiscal. Que quede claro, no vamos a dejar pasar posibles afectaciones al patrimonio municipal ni abusos contra los usuarios del servicio de agua.

 Ahora le corresponde a la Fiscalía General del Estado integrar la carpeta de investigación, para que se acredite la comisión de delitos y se ejerza acción penal contra quienes resulten responsables, sostuvo la alcaldesa.

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