La Columna

Por Fanny Yépez

23 de marzo de 2026

La Presidenta Sheinbaum impulsa la revocación de mandato y algunos congresos estatales la bloquean.

¿Por qué se resisten a la revocación de mandato en algunos Estados?

¿Acaso Esteban Bautista está desafiando la autoridad de Sheinbaum?

 Revocación de mandato en México es un tema central de la agenda legislativa, debido a la presentación y discusión de una nueva reforma electoral, (conocida como el "Plan B" de la administración de Claudia Sheinbaum) que busca modificar las reglas de este ejercicio.

 La iniciativa de reforma propone que la revocación de mandato para la Presidencia de la República pueda realizarse en el tercer o cuarto año del sexenio. Actualmente, la Constitución establece que solo puede convocarse en el cuarto año (que para el actual periodo sería en 2028).

 Sin embargo, el gobierno busca que este ejercicio pueda coincidir con las elecciones intermedias de 2027, para reducir costos operativos y asegurar una mayor participación ciudadana.

 En la actualidad la revocación de mandato en el poder legislativo mexicano se encuentra en una fase activa de discusión y reforma, enfocada en ajustar la fecha del ejercicio para la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, proponiendo que se realice en 2027 o 2028.

 El Congreso (Cámara de Diputados y Senado) se encuentra analizando estos cambios durante el segundo periodo ordinario de sesiones de este año.

 El Gobierno Federal envió una propuesta de reforma (Plan B), que plantea llevar la revocación al primer domingo de junio del cuarto año de gobierno, lo que busca empatarla con elecciones intermedias o asegurar mayor participación.

 Dicha reforma busca modificar la Ley Federal de Revocación de Mandato, con intenciones de ser aprobada en el pleno antes de Semana Santa de 2026.

 Habría permiso para promover el voto, porque las modificaciones propuestas permitirían explícitamente que, la persona sujeta a revocación (la Presidenta), pueda promover el voto a su favor y difundir el proceso, contraviniendo las restricciones actuales.

 Se busca cambiar el ejercicio para coincidir con la jornada electoral para maximizar la participación y reducir costos, a menudo citando el 2027 o incluso 2028 como año de la consulta.

 Postura de la oposición y riesgos, diputados y senadores de oposición, junto con voces en el PT, han señalado riesgos de inestabilidad y desventaja electoral por el uso de recursos públicos en la promoción del voto presidencial.

 El coordinador de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, indicó que la discusión se pospuso desde finales de 2025, para desahogarse plenamente durante el segundo periodo ordinario de sesiones de 2026.

 La resistencia a que la revocación de mandato se realice junto con las elecciones intermedias de 2027, proviene principalmente de la oposición y de algunos expertos electorales, quienes consideran que esta medida beneficia políticamente al partido en el poder al "meter a la presidenta en la boleta".

 Los principales argumentos que esgrimen quienes se oponen o resisten a esta iniciativa son:

 Injerencia en la equidad electoral, se argumenta que la presencia de la figura presidencial en el proceso electoral vulnera el principio de neutralidad. Al estar la presidenta en campaña para defender su permanencia, se cree que esto impulsaría artificialmente la votación por los candidatos de su partido (Morena).

 Transformación de "revocación" en "ratificación", los críticos señalan que el oficialismo no busca evaluar el desempeño, sino utilizar la popularidad de la presidenta para ratificar su mandato y movilizar a su base electoral en un momento clave.

 Riesgos de inestabilidad política, algunos aliados, como el Partido del Trabajo (PT), han alertado que normalizar este ejercicio cada tres años podría generar un "riesgo de Estado", debilitando la figura presidencial y la gobernabilidad al tener procesos de sucesión o ratificación constantes.

 Cuestionamiento del ahorro económico, aunque Morena defiende la unión de las fechas para ahorrar cerca de 5,000 millones de pesos, la oposición y analistas consideran que el costo a la democracia y a la equidad de la contienda, es un precio demasiado alto que no justifica el ahorro monetario.

 Cabe señalar que la revocación de mandato sí abarca a los gobernadores en México, aunque su aplicación depende de la legislación de cada estado.

 El Congreso de Veracruz ha mantenido un bloqueo a la revocación de mandato, principalmente por la falta de leyes secundarias que regulen el proceso, lo que impide su aplicación real a pesar de estar mencionada en la Constitución local.

 Aunque la figura de revocación fue incorporada a la Constitución del estado, el Congreso ha incurrido en una omisión de más de seis años al no aprobar la ley reglamentaria necesaria para establecer los formatos y procedimientos oficiales.

 Acaso el líder de la Jucopo, Esteban Bautista está desafiando o menospreciando la autoridad de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, esta interrogante la debiera responder el oriundo de Tatahuicapan.

 La mayoría de Morena en el Congreso ha declarado que no impulsará la regulación antes de 2027. Según el diputado Alejandro Porras Marín, este tema no será analizado en el corto plazo, argumentando que el estado tiene hasta 2027 para "armonizar" la ley.

 Protección al Ejecutivo, Analistas y grupos de oposición sostienen que este bloqueo busca "blindar" a la actual administración, (anteriormente a Cuitláhuac García y ahora a Rocío Nahle), para evitar que se sometan a una consulta popular que pudiera removerlos del cargo.

 A nivel federal, la Constitución Mexicana establece este mecanismo para la Presidencia de la República, pero también obliga a las entidades federativas a incluirlo en sus propias constituciones locales para sus mandatarios estatales.

 Obligatoriedad constitucional, tras las reformas de 2019, todos los estados están obligados a legislar la revocación de mandato para el cargo de Gobernador.

 Hasta ahora, no todos los estados han completado su proceso legislativo al mismo tiempo. Hasta finales de 2025, aproximadamente 16 estados ya contaban con esta figura plenamente establecida para sus gobernadores.

 También se contemplan otros cargos. - en algunas entidades, la ley es más amplia y permite solicitar la revocación no solo del gobernador, sino también de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos (alcaldes).

 La resistencia a la revocación de mandato en diversos estados de México, y a nivel federal, se debe principalmente a una mezcla de tensiones políticas, la percepción de que el mecanismo se utiliza para fines de ratificación (campaña política) en lugar de revocación, y la preocupación por la estabilidad de los gobiernos locales.

 Uso como "Ratificación" “Refrendo” y no Revocación: Críticos y opositores argumentan que la figura se ha distorsionado para que el gobernante en turno (gobierno de la 4T) promueva el voto a su favor, utilizando el ejercicio como una herramienta de propaganda y respaldo político en lugar de una verdadera rendición de cuentas ciudadana.

 La organización de estos ejercicios implica altos costos económicos que generan debate sobre la eficiencia del gasto público.

 Resistencia a la intervención Federal: Algunos estados ven con recelo que se impongan reglas de revocación desde el poder federal que afecten la soberanía local o que no concuerden con las legislaciones estatales existentes.

 También se argumenta que la revocación fomenta una campaña permanente, lo que aumenta la polarización social y partidista en los estados donde se aplica.

 Por otra parte, existe la preocupación de que, si un gobernador perdiera la consulta, el proceso de sustitución podría generar crisis de gobernabilidad o inestabilidad política en la entidad. Pero como muchos lo hemos visto, cuando él o la mandataria gozan de popularidad en las encuestas recientes, sencillamente no debiera temer nada y por el contrario, apoyar la aplicación de esa medida para demostrar su posicionamiento.

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