EL LINCE: LA EDUCACIÓN COMO PROPAGANDA

Por: César A. Vázquez Lince

Desde 2018, México dejó de construir una política educativa seria.

Y comenzó a construir una narrativa.

El obradorismo convirtió la educación en un instrumento político, no pedagógico. Cambió evaluación por propaganda, aprendizaje por clientelismo y planeación por improvisación. El problema es que una generación completa está pagando las consecuencias.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió una “transformación educativa” distinta a la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto. Y en algo cumplió: desmontó el sistema anterior. El problema es que nunca logró construir uno mejor.

La apuesta del régimen fue clara desde el inicio: sustituir instituciones por transferencias directas. Las becas Benito Juárez se convirtieron en el eje del discurso educativo. Y sí, ayudaron a miles de familias a sostener gastos básicos. Negarlo sería absurdo.

Pero también sería ingenuo ignorar el objetivo político detrás del modelo.

Porque las becas dejaron de ser complemento social para convertirse en herramienta clientelar.

El mensaje implícito fue brutalmente efectivo:

“El gobierno no educa a tus hijos… te deposita dinero.”

Y mientras millones celebraban el apoyo económico, el sistema educativo comenzó a deteriorarse silenciosamente.

Ahí están los datos.

México cayó en matemáticas, lectura y ciencias en PISA 2022. La OCDE colocó al país muy por debajo del promedio internacional. No es percepción. Es aprendizaje perdido.

Pero el problema no es solo académico.

Es estructural.

Porque mientras el gobierno presume “inversión histórica”, organismos como el CIEP e IMCO han advertido que el gasto educativo real, medido como porcentaje del PIB, sigue debajo de niveles alcanzados hace más de una década. El dinero crece nominalmente, pero el esfuerzo educativo efectivo disminuye.

Más dinero repartido.

Menos educación construida.

Y entonces apareció uno de los episodios más vergonzosos del sexenio: los libros de texto.

El proyecto impulsado por Marx Arriaga Navarro terminó convertido en símbolo de arrogancia burocrática e incompetencia técnica. Libros con errores básicos, inconsistencias históricas, fallas matemáticas y contenidos ideologizados fueron distribuidos como si el país entero tuviera la obligación de aceptar improvisación disfrazada de pedagogía.

La propia SEP tuvo que reconocer errores.

Hubo amparos.

Hubo litigios.

Hubo estados que frenaron distribución.

Y aun así, el régimen intentó vender el desastre como “resistencia conservadora”.

Ese fue quizá el momento más revelador de esta administración educativa:

cuando la soberbia política fue más fuerte que la capacidad técnica.

Porque el problema nunca fue únicamente el contenido.

Fue la arrogancia.

La idea de que el gobierno podía rediseñar la educación nacional sin escuchar especialistas, maestros, pedagogos ni procesos institucionales serios.

Y mientras eso ocurría, los maestros quedaron atrapados en medio del experimento.

Porque el discurso oficial los llama “agentes de transformación”, pero en la práctica los convirtió en administradores del caos. Se les exige aplicar modelos improvisados, justificar evaluaciones ambiguas, contener rezagos de pandemia, atender grupos saturados y además cargar con responsabilidades emocionales que el propio Estado abandonó.

La Nueva Escuela Mexicana prometió humanismo.

Terminó generando incertidumbre.

Y luego vino el episodio que terminó de exhibir el nivel de improvisación institucional: el calendario escolar.

Mario Delgado Carrillo anunció el adelanto del fin del ciclo escolar 2025-2026 bajo argumentos relacionados con temperaturas extremas y ajustes logísticos. Días después, la SEP tuvo que corregir públicamente ante críticas, confusión y presión social. El propio Delgado reconoció que faltó consulta y coordinación.

Ese episodio parece menor.

No lo es.

Porque reveló exactamente cómo opera hoy el aparato educativo:

primero improvisa, después comunica y finalmente corrige.

Ese es el método.

Y el problema de improvisar con educación es que las consecuencias duran décadas.

La Suprema Corte también terminó entrando al terreno educativo. Validó esquemas más flexibles de evaluación, reduciendo peso de asistencia y criterios tradicionales de acreditación bajo el argumento de proteger el derecho a la educación.

Y ahí aparece otro problema profundamente delicado.

Porque una cosa es interpretar constitucionalidad.

Y otra muy distinta es pretender diseñar pedagogía desde un tribunal.

Los ministros son juristas, no pedagogos, no especialistas en aprendizaje ni expertos en desarrollo educativo. Precisamente uno de los principios básicos del Derecho es entender los límites de la propia competencia técnica. Un juez constitucional debe analizar legalidad, no sustituir especialistas educativos bajo criterios políticos o ideológicos.

Pero ese contrapeso institucional hace tiempo comenzó a erosionarse.

Y la llamada “elección judicial” impulsada por el régimen terminó profundizando esa percepción: una reforma presentada como democratización, pero construida desde la improvisación política y la subordinación al Ejecutivo. Hoy, buena parte de la ciudadanía ya observa a ministros y juzgadores no como un verdadero poder autónomo, sino como figuras cada vez más cercanas al proyecto político dominante.

Ese es quizá uno de los daños más graves del sexenio:

la destrucción progresiva de los contrapesos.

Porque cuando el Ejecutivo influye sobre el Legislativo, debilita organismos autónomos y además erosiona independencia judicial, el resultado deja de ser transformación.

Se convierte en concentración.

Y ningún sistema educativo mejora bajo concentración política e improvisación técnica.

Porque un alumno no aprende más por decreto.

Y pasar de grado no corrige ignorancia.

Solo la administra.

Pero quizá lo más grave no es el gobierno.

Es la indiferencia social.

La ciudadanía protesta más por vacaciones, puentes y horarios que por el colapso educativo. Muchos padres celebran becas mientras sus hijos salen de secundaria sin comprensión matemática básica. Y el régimen entendió perfectamente esa lógica: un país distraído es más fácil de administrar que un país educado.

Hannah Arendt advertía que la propaganda comienza cuando el lenguaje deja de describir la realidad y empieza a sustituirla. Hoy, la educación mexicana vive exactamente ahí.

Se habla de “humanismo” para no hablar de resultados.

Se habla de “transformación” para no hablar de rezago.

Se habla de “inclusión” para no hablar de aprendizaje.

Y mientras el discurso crece, el país se atrasa.

La tragedia educativa de México no está únicamente en la incompetencia del régimen.

Está en algo peor:

la normalización colectiva del fracaso.

Porque una generación mal educada no estalla inmediatamente.

Primero se acostumbra.

Después se resigna.

Y finalmente… deja de exigir.

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