Desde El Altiplano
- Guillermo Humberto Gutierrez Arias
- hace 1 día
- 6 Min. de lectura
Ricardo Ravelo

* México ante Donald Trump: Usted manda, señor presidente
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy, enfática desde la Conferencia del Pueblo, que no hay ningún riesgo de que tropas estadunidenses ingresen por la fuerza a territorio nacional para combatir a los grupos terroristas y traficantes de fentanilo.
–No hay ningún riesgo –dijo –, al tiempo que daba detalles sobre su charla telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante quien, según ella, defendió la soberanía nacional y reiteró el interés del gobierno mexicano de seguir cooperando para combatir el flagelo del crimen organizado.
Por otra parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, negó categóricamente que Estados Unidos esté sobrevolando con drones de alto alcance el territorio nacional, en particular zonas donde están asentados los cárteles de la droga y los laboratorios de fentanilo.
Pero una cosa es la versión oficial del gobierno mexicano y otra muy diferente es la postura que mantiene el gobierno de Donald Trump, quien ha reiterado que “algo habrá que hacer con México” en relación con los cárteles. La presidenta de México –dijo después de la captura de Nicolás Maduro, extraído de Venezuela el 3 de enero mediante una operación militar — no manda en México. “Es una buena mujer”, pero ella no manda, mandan los cárteles”, dijo Trump.
El gobierno estadunidense tampoco está conforme con las estadísticas que les entrega el gobierno de Sheinbaum sobre detenciones, desmantelamiento de laboratorios, aseguramiento de drogas y captura de capos. Esta suerte de venta de estadísticas no llena el hambre de Donald Trump, quien ha exigido a México la entrega de los políticos y empresarios ligados al crimen organizado.
Se trata de personajes, en su mayoría, que son miembros de MORENA, como por ejemplo Adán Augusto López, el exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación a quien han relacionado con el grupo criminal La Barredora y con el trasiego de combustibles ilegales.
En esa presunta lista que tiene el gobierno de Estados Unidos también aparece el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le atribuyen negociaciones con el narcotráfico para llegar a la presidencia de la República en 2018 y quien, además, dio manga ancha al crimen para operar abiertamente durante su gobierno, sobre todo, al cártel de Sinaloa, en ese tiempo uno de los más poderosos del mundo.
En esa lista de presuntos criminales estarían los hijos del expresidente López Obrador, quienes durante el periodo gubernametal de su padre se dedicaron a amasar cuantiosas fortunas mediante negocios al amparo del poder. Se trata de José Ramón, Andrés Manuel –El Andy –, así como Gonzalo López Beltrán, éste último, el supervisor honorario del Tren Interoceánico, descarrilado recientemente, quien según dijo el expresidente trabajó en esa obra sin cobrar un peso del gobierno. Nada más falso, pues de acuerdo con audios que son públicos se hicieron millonarios con el suministro del balasto y compra de vagones desechados en Europa desde los años cincuenta.
A esta triada de presuntos pillos se les ha seguido la pista en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, tráfico de influencias, presuntas ligas criminales y trasiego de huachicol fiscal en asociación con Adán Augusto López, quien cuenta con treinta y cinco denuncias en la Fiscalía General de la República pero sigue cobijado por la impunidad.
A esta lista se suma el financiero Alfonso Romo, dueño de la casa de bolsa Vector y exjefe de la oficina de la presidencia de la República con López Obrador, acusado por el Departamento del Tesoro de lavar millones de dólares a través de sus empresas. Se trata de una investigación que lo implica en blanqueo de activos del cártel de Sinaloa, producto del tráfico de fentanilo, y de presuntos testaferros de Genaro García Luna. Vector, Cibanco e Intercam fueron suspendidas.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas tres empresas financieras lavaron un total de 46 millones 591 mil dólares de los cárteles de la droga. Entre los argumentos que expuso la autoridad estadunidense se encuentran los sobornos a Genaro García Luna por parte del cártel de Sinaloa cuando fungía como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón.
No es todo: En la sanción que se aplicó bajo la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuación de Narcóticos, en vigor desde el último año de la administración de Joe Biden, el Departamento del Tesoro señaló a CiBanco, Intercam y Vector por ayudar a lavar dinero al cártel de Jalisco Nueva Generación –cuya expansión en el país reconoció el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al anunciar hace unos días que ya ingresó al estado de Morelos –, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y la organización Beltrán Leyva, grupos criminales que desde el 20 de febrero de 2025 son consideradas como organizaciones terroristas.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, CiBanco, Intercam y Vector han desempeñado conjuntamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México; también facilitaron pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
A toda esta madeja de complicidades se incluye el caso del empresario Raúl Rocha Cantú, el dueño del 50 por ciento del certamen señorita Miss Universo, ligado al tráfico de armas para los cárteles, lavado de dinero, tráfico de combustibles, entre otras actividades ilegales, de acuerdo con la acusación de la FGR.
Los vínculos de Rocha Cantú –otro de los protegidos de AMLO –salieron a flote tras el concurso amañado que le otorgó el triunfo como señorita Miss Universo a la tabasqueña Fátima Bosch, cuyo padre responde al nombre de Bernardo Bosch Hernández, un alto directivo con larga trayectoria en Petróleos Mexicanos, quien está estrechamente ligado a Rocha Cantú. Bosch ha enfrentado controversias por el origen de sus ingresos pero, debido a la impunidad, siempre fue reincorporado en distintas posiciones dentro de la paraestatal. Así, en medio de escándalos y sospechas, ha sobrevivido en Pemex durante treinta años.
A lo anterior hay que sumar también la protección oficial al tráfico de fentanilo. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo recientemente que el trasiego de esta sustancia se ha reducido en un 50 por ciento en lo que va de su gobierno; antes, Omar García Harfuch, había informado que en el primer año de gobierno se destruyeron mil 500 laboratorios en el país. Lo que no dijo es si esos laboratorios se instalaron en el último año o ya operaban desde el sexenio anterior, pues habrá que recordar que el expresidente López Obrador negó enfáticamente que durante su administración se haya traficado con fentanilo. Con el descaro que lo caracteriza, también negó que en México se procesara fentanilo. Los hechos, sin embargo, lo desmienten.
Y con esa reiterada negación de lo que ahora es obvio, López Obrador inyectó en el discurso oficial de Claudia Scheinbaum el recurso evasivo de negar la realidad y, cuando ésta es más que evidente, de inmediato utilizan el argumento de “no tenemos conocimiento de ello, lo vamos a investigar y luego les informamos”, cosa que jamás sucede.
Ante las arremetidas de Donald Trump, quien ha amenazado una y otra vez con una intervención militar en México, la presidenta Claudia Shienbaum ha pasado estos meses de su gobierno conteniendo a Trump concediéndole todo lo que pide.
Recursos naturales como el litio –y quizá no tarda que también entreguen el uranio –se lo han otorgado a empresas estadunidenses, de acuerdo con información del periodista Jesús Lemus, autor del extraordinario libro “La Guerra del Litio”, publicado por Grijalbo en 2025.
Según Lemus, el gobierno de López Obrador anunció la nacionalización del litio, pero no incluyó todos los yacimientos que están en el norte del país. Hay muchos territorios ricos en litio que se reservaron para que las empresas gringas los exploten. Y para ello, el periodista ha expuesto en su investigación que el gobierno de López Obrador favoreció al crimen organizado para desatar la guerra en los territorios del litio. El objetivo: desplazar a la población asentada en esas regiones, que abarca los estados de Sonora y Chihuahua, entre otros.
Recientemente, Trump amenazó con aplicar el 5 por ciento de aranceles a las exportaciones mexicanas si no le pagaban la deuda de agua. La presidenta Sheinbaum de inmediato ordenó pagar, poniendo en riesgo al campo mexicano y a miles de productores del norte del país.
¿Qué más le va a entregar Sheinbaum a Trump para que las fuerzas estadunidenses no ingresen al país? Todo lo que pida. Y todo es todo. Lo importante para la presidenta es que nadie toque al expresidente López Obrador –que operó como el jefe de una gran mafia –, a sus hijos y a sus principales cómplices. Así, México está de rodillas ante el imperio norteamericano y así seguirá. ¿Hasta cuándo? Hasta que Trump quiera. Trump manda, punto.
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