Al pueblo, las obligaciones; al funcionario, el festín

Víctor Murguía

Los servidores públicos deben estar sujetos a evaluación, pues, de no estarlo, pueden hacer lo que quieren, responderle únicamente a quien les dio el cargo, cobrar sin trabajar y, en síntesis, vivir de los impuestos e incluso saquearlos, sin aportar algo bueno al pueblo.

«Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error», frase que dejó para la posteridad el tuxpeño César Garizurieta y que expone de otra forma lo señalado en la introducción de estos comentarios.

Este fin de semana vimos cómo los trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaron porque iban a ser sometidos a evaluación. Argumentaron, entre otras cosas, que estarían sujetos a criterios subjetivos que pondrían en riesgo su trabajo.

Intervino el presidente de la Corte, el ministro Hugo Aguilar, y acordaron que la evaluación no estaría ligada a sanciones ni a la separación del cargo.

Recordemos las protestas de maestros durante el gobierno de Peña Nieto, por la aprobación de la reforma educativa que contemplaba la evaluación de los profesores e incluso la posible separación de la plaza en caso de no aprobar los exámenes.

El rechazo del magisterio fue masivo en todo el país; aquí lo vimos en Xalapa. Los maestros gritaban que primero evaluaran a los legisladores que habían aprobado la ley y a los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. En ese punto no les faltaba razón.

Es necesario que en el servicio público haya una evaluación periódica, sin margen para que sea utilizada con fines revanchistas, para despedir a quien haga bien las cosas o a quien rechace la corrupción y las malas prácticas burocráticas.

Por decir algo y poner un ejemplo local (intemporal): ¿qué pasaría si hubiera esa evaluación y el secretario de Obras Públicas estuviera sujeto a ella para, entre otros temas, conocer públicamente si ejerció el presupuesto a tiempo, no incurrió en subejercicios y no devolvió millones de pesos a la Federación?

¿Qué pasaría si el secretario de Finanzas y Planeación, sujeto a evaluación, tuviera que demostrar que no otorgó contratos a empresas señaladas de incurrir en irregularidades?

¿Qué pasaría si el delegado de Bienestar (el actual o los del pasado) tuviera que mostrar las bases para designar a los subdelegados regionales o municipales?

¿Qué pasaría si el secretario de Turismo tuviera que mostrar cuántos turistas más llegaron a Veracruz, con cifras de los hoteleros vinculadas a sus reportes al SAT?

Si esas evaluaciones hubieran existido desde hace algún tiempo, la situación actual de Veracruz podría ser mejor.

En la actualidad, para los funcionarios de alto nivel solo existen las comparecencias ante los diputados del Congreso local, pero está claro que no aportan nada.

El funcionario puede informar lo que quiera; el formato lo favorece y, si hay cuestionamientos importantes y algún legislador exhibe la corrupción del secretario de despacho, no pasa nada.

Ahí está como muestra la acusación por corrupción en la Secretaría de Salud, realizada por el entonces diputado Marlon Ramírez durante una comparecencia (en el gobierno de Cuitláhuac). No pasó de ahí. Ahora sabemos, por una denuncia formal de la actual administración, que hay más de mil millones de pesos que siguen sin aparecer.

Mientras tanto, que siga el festín en el servicio público.

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