En Comparecencia de la FGE, afirma que encontró “gastos excesivos para rentas de oficinas por 33.6 m

XALAPA, VER.- Durante su comparecencia ante los integrantes de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXV Legislatura, de la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, comentó que “encontró hallazgos en la gestión administrativa anterior un gasto excesivo en rentas de edificios para oficinas por un total anual de 33.6 millones de pesos (mdp)”.

Durante 2019, se iniciaron 80 mil 326 carpetas de investigación, de las cuales se encontraron aproximadamente 30 mil que no habían sido ingresadas en las bases de datos e instrumentos oficiales. En cuatro meses, se logró abatir en 96 por ciento el rezago en el registro de la información y la judicialización de tres mil 299 carpetas.

“También encontramos diversos compromisos que no fueron atendidos a cabalidad con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, principalmente en el registro de vehículos robados y recuperados, así como en el de mandamientos judiciales, lo que originó que los resultados de las evaluaciones fueran negativos”, agregó.

Más, 3.8 mdp sin comprobar de fondo revolvente, pasivos por más de 251 mdp a favor de diversas instancias como SAR, IMSS, IPE, proveedores, contratistas, obra pública, retención y contribución a pagar.

Asimismo, excesiva dotación de combustible a altos mandos hasta por 125 mil pesos mensuales; en personal de ayudantía asignada a altos mandos, hasta 45 elementos a su cuidado personal y de sus familias; sueldos en altos mandos de casi 300 mil pesos mensuales, personal que no cubre el perfil de puestos autorizados y otros que cobraban sin presentarse a laborar en áreas administrativas.

A esto se añade deficiencia en obra pública del 2018, obra de mala calidad por más de 316 mdp, por lo que, en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) se realizan visitas a las obras para la determinación de las observaciones correspondientes.

En materia de los servicios periciales, los servicios médicos forenses se encontraban en condiciones deplorables ya que ningún Semefo contaba con los requisitos mínimos para ser certificado.

Respecto al proceso de evaluación y control de confianza, prosiguió la servidora pública, 87 servidores públicos no lo aprobaron, por lo que instruyó a las áreas competentes iniciar los procedimientos correspondientes.

“Habiendo encontrado una distribución dolosa por cuanto hace a percepciones, manejo de combustibles y un manejo discrecional y con dispendio de los recursos públicos, se instruyó la reducción de sueldos excesivos y compensaciones para altos mandos, iniciando un proceso de dignificación y homologación en las percepciones del personal operativo”, destacó.

También determinó la distribución de 400 plazas para el fortalecimiento de áreas operativas. Una vez agotados los requisitos formales para el concurso y reclutamiento del personal, se destinarán 200 plazas a la policía ministerial (incremento de 27.17 por ciento), 130 posiciones se canalizaron para la contratación de fiscales (incremento del 26.4 por ciento).

Se añaden 30 para fortalecer los cuadros de los servicios periciales (incremento de 10.34 por ciento) y 40 se destinaron a fortalecer a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, a los que también se ha sumado el apoyo de 22 elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase): un total de 164 elementos a partir de septiembre (incremento de 60.78 por ciento).

Reportó la participación en nueve operativos de búsqueda, asistencia en 19 reuniones con diversas autoridades estatales y federales y el nombramiento de seis nuevos fiscales.

Además del acceso a las carpetas de manera inmediata cuando así lo solicitan y reuniones periódicas para su revisión, se han tenido 10 reuniones regionales con colectivos en Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Xalapa.

Desde septiembre, inició el estudio de cada una de las mil 155 carpetas que se encontraban en el sistema, que corresponden a mil 240 desaparecidos del año 2019. De acuerdo con la investigación, al 31 de diciembre, 588 personas ya habían sido localizadas, quedando 652 personas por localizar.

De igual manera, en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas y a la luz de las alertas de violencia de género emitidas al estado de Veracruz, se activaron 68 cédulas de Alerta Amber, se logró recuperar a 54 niñas, niños y adolescentes y se solicitaron cuatro colaboraciones con Alerta Amber México.

Como resultado de la aplicación del protocolo para la clasificación del delito de feminicidio, de un total de 142 carpetas de investigación iniciadas, se hizo una reclasificación exhaustiva resultando únicamente 100 carpetas de feminicidio. Las restantes derivaron en homicidios, muertes no delictivas, suicidio y muerte por omisión de cuidado, entre otros.