Ventanas Rotas Se aprueba la Ley de Seguridad Interior

Minatitlán, Ver a 15 de diciembre.- La madrugada de este viernes 15 de diciembre de 2017, fue aprobado en lo general por el Senado de la República, el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, con 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. No recuerdo en los últimos tiempos que se haya dado tal efervescencia políticas en el Congreso, pero en muy en particular, en la sociedad civil y en los organismos internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos. Introduce con ello, un tema inédito al proceso electoral 2018, es decir, la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, ante la posibilidad de que continuemos con una estrategia que nos ha demostrado que no ha sido exitosa para enfrentar el incremento de la incidencia delictiva, el número infinito de homicidios dolosos que se registran en el territorio nacional y la pérdida de la presencia del Estado mexicano en vastas regiones del país, en el marco del creciente fenómeno de corrupción de las autoridades estatales y municipales así como de los cuerpos policiacos encargados de la seguridad pública.

De acuerdo con el dictamen de la Ley de Seguridad Interna, los organismos internacionales han desarrollado algunas ideas que consideran contravienen el que las Fuerzas Armadas en México desarrollen desde hace tiempo, funciones de seguridad pública. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “expresó su preocupación sobre el impacto de la Ley en la normalización y permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, el posible incremento en las violaciones a derechos humanos que representaría, la diferencia entre la policía y las fuerzas armadas en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación, la necesidad de diseñar un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y el fortalecimiento de las capacidades de la policía para realizar tareas de seguridad pública.”

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha considerado “que el nuevo marco legal podría debilitarlos alicientes de las autoridades civiles para asumir sus funciones de seguridad pública, la necesidad de acompañar las tareas de las fuerzas armadas de controles y supervisión apropiados, y la urgencia de contar con garantías contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.”

El 26 de enero de 2017, en el la Comisión de Seguridad Pública, se llevó a cabo un foro denominado “La seguridad interior desde la perspectiva de los derechos humanos”. De ella, contemplada de igual forma en el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, se expresaron algunos especialistas y organizaciones de la sociedad civil, en el sentido siguiente. Por lo que hace a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó tener “presente el esquema de competencias y atribuciones que en materia de seguridad pública contempla el Artículo 21 Constitucional, así como lo previsto en el Artículo 89, Fracción VI de la Constitución Federal, en lo concerniente a la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.” Estableció que “la seguridad pública tiene por finalidad proteger a las personas y está a cargo de instituciones civiles.” Refirieron a un diagnóstico realizado en el 2003, en donde ya se advertía de “la separación de los militares de las tareas policiacas y se logre la desmilitarización de la sociedad y evite delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito.”

Por su parte, el maestro Santiago Aguirre Espinoza, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expresó que “a nadie escapa que en los últimos 10 años el Ejército y la Marina han tenido que suplir las deficiencias de las policías civiles en múltiples regiones del país, haciendo frente a la adversidad y el peligro.” Sin embargo, “no por reconocer esta realidad se debe adoptar legislativamente un modelo de seguridad que profundizará e institucionalizará la participación castrense en tareas que, como ha reconocido el General Secretario de la Defensa, son ajenas a su vocación.”

Agregó que de acuerdo con “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , en su informe sobre seguridad ciudadana del año 2009, señaló que en los regímenes autoritarios el concepto de seguridad está asociado a conceptos como el de seguridad interior, que se utilizan (…) en referencia específica a la seguridad del Estado y no a la seguridad de las personas.” Continuó señalando “Tomemos las cifras de la CNDH, si entre el año 2000 y el 2006 se presentaron 1,635 quejas contra las Fuerzas Armadas y se emitieron 11 recomendaciones en esos seis años, en los últimos 10 años se han presentado 10 mil 751 quejas y se han emitido 146 recomendaciones, es decir, antes de estos diez años de despliegue intensivo el promedio anual de quejas era de alrededor de 190 y de recomendaciones menos de 2 al año. Hoy tras el despliegue iniciado en el 2006, el promedio anual de quejas ha sido de alrededor de 1075 y las recomendaciones más de 14.”.

Finalmente, el Dr. Alejandro Madrazo Lajous, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), afirmó: “Desde el año 2010, más o menos, se han hecho estudios que establecen una co-relación entre la presencia de operativos federales en contexto a la guerra contra las drogas y el incremento de homicidios as nivel municipal.” “Por cada combate que realizan las fuerzas federales en los operativos conjuntos, se incrementa en corto plazo 6% de la tasa de homicidios en ese municipio. Cuando en esos enfrentamientos participan las fuerzas armadas, el incremento no es de 6% es de 8%, y específicamente cuando participa la SEDENA es de 9%.”

En suma, seguramente seguirá operando en el corto plazo la estrategia de los operativos federales, sin que dejemos de reconocer que la presencia de las fuerzas armadas en las calles de nuestras ciudades se debe más bien, a la incapacidad de las tres instancias de gobierno para atender el fenómeno de la delincuencia organizada, la impunidad y la corrupción. Sin embargo, no cree estimado lector que ya es hora de que exploremos nuevas estrategias para combatir estos flagelos.

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