Fraude sin precedentes en la entrega de concesiones por JDO
Xalapa, Ver.- En lo que consideran uno de los mayores fraudes cometidos contra los ciudadanos por parte de la pasada administración, el director de Transporte Público del estado, Rafael Eugenio Escobar Torres, señaló que en los últimos tres meses del gobierno de Javier Duarte de Ochoa se emitieron unos 21 mil folios de concesión para taxis.
Se trató de órdenes de pago por 21 mil pesos cada una que podrían ser invalidadas por el gobierno estatal.
El fraude es de magnitudes inimaginables como lo calificó el funcionario estatal, será revisado por una mesa interinstitucional con la que buscan poner orden al transporte público.
En esa mesa participan la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas y Planeación, Contraloría General del Estado y la Dirección de Transporte Público, que van a analizar los expedientes de las concesiones y órdenes de pago otorgadas y ver si se trata de refrendos o nuevas “concesiones”.
Escobar Torres apuntó que para que el procedimiento sea lo más transparente y justos posibles revisarán uno a uno los expedientes.
La idea es ver si son “un refrendo o la obtención de una concesión debidamente acreditada que haya sido obtenida mediante el proceso legal y reglamento".
Son miles las órdenes de pago que recibieron los defraudados por quienes supuestamente eran gestores oficiosos y que actuaban en contubernio con las propias autoridades.
Los pagos presuntamente no se depositaban en la Sefiplan sino en cuentas empresariales concentradoras “El fraude es de magnitudes inimaginables, no se puede cuantificar, diario llegan a poner acusaciones y se les envía a la Fiscalía a poner las denuncias".
El funcionario estatal abundó que tienen identificadas entregas atípicas órdenes de pago generadas a través de una línea de captura, con ellas los supuestos concesionarios acudían a hacer sus pagos.
En este fraude participaron ex servidores públicos y familiares de ex gobernante plenamente identificados y denunciados.
No precisó cuántas de esas 21 mil órdenes de pago serán invalidadas, pero es lo que marca la norma.
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