Ventanas Rotas La corrupción de todos los días

Minatitlán, Ver.- Este miércoles 30 de agosto la versión en español del portal de internet del prestigiado The New York Times reveló a sus lectores un ríspido encuentro celebrado entre el presidente Enrique Peña Nieto y un grupo de empresarios el pasado mes de mayo. Según cinco fuentes citadas que estuvieron presentes, en un momento el presidente se dirigió a Claudio X. González Laporte, quien por muchos años estuvo al frente del conglomerado empresarial Kimberly Clark, para expresarle su molestia por la persistente crítica a su administración que endereza su hijo Claudio X. González Guajardo, quien ha enfocado su activismo social para desnudar el contubernio de las autoridades educativas con los distintos gremios del magisterio que han depredado por años los recursos públicos destinados al mejoramiento del aprovechamiento escolar de nuestros jóvenes, lo que a la postre reveló el desorden en la nómina magisterial, abultada por la participación de miles de aviadores y comisionados sindicales, todo ello denunciado a través de la organización de la sociedad civil denominada Mexicanos Primero.
Si esto no fuera suficiente, en los últimos días otro de los destacados proyectos que encabeza González Guajardo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ha sido una verdadera piedra en el zapato presidencial, al descubrir diversos contratos públicos realizado bajo condiciones que presumen actos de corrupción por parte del gobierno federal. Así las cosas, para el presidente Peña Nieto, según lo revelado en esa reunión, “la sociedad civil no debe de pasar tanto tiempo hablando de corrupción.” Supongo que al presidente le parece incorrecto que diversas organizaciones sociales documenten con creces, los diversos actos de corrupción que permanecen en la impunidad, como el de los mandatarios estatales que no han devuelto un solo peso de los recursos que previamente fueron desviados por ellos y, por lo tanto, denunciados oportunamente por la Auditoria Superior de la Federación, vamos hasta el Programa Informático Pegasus, de origen israelí, pero que fue adquirido por el gobierno federal a través de empresas fantasma, entre otros muchos ejemplos que nos han llevado a los mexicanos a considerar que la corrupción también mata, como lo apreciamos con el socavón en la ampliación de la salida de la CDMX a Cuernavaca, que cobró la vida de un padre y su hijo, sin que hasta el momento, haya un servidor público federal de relevancia vinculado a proceso por tan lamentable episodio.
Mientras tanto, González Guajardo ha recibido cinco auditorias por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, no faltaba más, también recibió en su celular un correo apócrifo por el que se instala el malware que le permite a Pegasus, tomar el control total del aparato de la persona que lo acepta para espiarlo. Si esto no es una advertencia sobre la molestia del gobierno federal por su activismo social, entonces no sé que otra cosa pudiera serlo.
De igual forma, con una sincronizada casualidad nacional, el ámbito político oficialista se apresta a buscar a cuando menos tres senadores – que todo apunta serán del PAN – para alcanzar la mayoría relativa y designar por nueve años como Fiscal General de la República, al actual titular de la PGR, cuyas mejores credenciales son la de haber sido el abogado del en ese entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto. Si no fuera suficiente lo anterior, lo avala una sólida militancia en el PRI, por lo que ya se imaginará usted lector si los ciudadanos deberíamos estar preocupados, si este albazo legislativo se logra culminar, veríamos una escena inimaginable donde el amigo del presidente investiga la corrupción del presidente y de los amigos del presidente, para nada. Se acuerdan de los casos de los Duarte en Chihuahua y Veracruz y de Borge en Quintana Roo, para de forma desesperada, nombrar a los nuevos Fiscales y Magistrados Anticorrupción en sus demarcaciones, pues bien, ya lo estamos presenciando con Enrique Peña Nieto. Pura casualidad, no cree Usted lector.
Así que una institución que requiere de imparcialidad política, de autonomía partidista, de un titular con credenciales superiores en materia de honestidad profesional sin compromisos con las burocracias de los partidos, prácticamente continuaría siendo una institución como la actual PGR, incapaz de realizar investigaciones solventes basadas en evidencia científicas, sin reclutamiento profesional de su personal – a través del mérito – y cuyo destino de innumerables carpetas de investigación es la impunidad para los actos que todos los días, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, organizaciones de la sociedad civil nos revelan para acreditar que México es un país donde reina la impunidad, como lo establece el Índice Global de Impunidad en el que participa en su elaboración la Universidad de las Américas, al considerarnos como el país que registra la mayor impunidad de América, respaldado por supuesto, en la cifra negra de delitos no denunciados que ronda el 92 % de los que se cometen en la geografía nacional, según la ENVIPE, encuesta que cada año levanta el INEGI. Y a todo esto estimado lector, Usted que cree, que los mexicanos dedicamos el suficiente tiempo para denunciar los hechos delictivos que perpetran los servidores públicos y sus secuaces en el ámbito empresarial.
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