*** los corruptos se protegen Diputados aprueba una "Ley Mordaza" que se podría usar para

En San Lázaro aprobaron una ley para hacer ilegal la crítica "por cualquier medio, sea falsa o verdadera

Mientras el país entero tiene la vista puesta en el Senado y la controvertida Ley de Seguridad Interior, en San Lázaro la Comisión Permanente aprobó su versión tropicalizada de la polémica "ley mordaza" que ya opera en España desde 2015.

En medio de las protestas contra la militarización, de manera muy discreta y perdido en otra veintena de tuits sobre leyes menos relevantes, el grupo parlamentario del PRI notificó la aprobación de una reforma al Código Civil Federal que tipifica como ilícito "la comunicación, a través de cualquier medio, de un hecho cierto o falso que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien".

Quizá por la explosión de reacciones negativas en Twitter, la cuenta de los diputados priista borró silenciosamente el mensaje que anunciaba con orgullo la nueva reforma, y que aseguraba #LoHacemosPorTi.

"Aprobada reforma al Código Civil Federal para precisar que se considerará como ilícito la comunicación, a través de cualquier medio, de un hecho cierto o falso que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien. Pasa al Senado".

Es decir, hace ilegal decir lo que sea de quien sea por el medio que sea, siempre y cuando alguien argumente que se siente deshonrado, desacreditado o expuesto al desprecio de alguien más. La reforma al parecer no contempla ningún medio en particular, por lo que podría incluir desde los medios masivos como la televisión y la radio, hasta los mensajes de Whatsapp o los papelitos en el salón de clases.

Antonio Martínez V., editor y cofundador de Horizontal, y ex vocero de la organización Artículo 19, señaló que la reforma contraviene recomendaciones hechas por Naciones Unidas desde hace varios años al gobierno mexicano, donde pidieron derogar los delitos contra el honor, que duranta décadas se usaron para acallar a la prensa. "Hoy todavía 13 estados de la República tienen penas corporales en este sentido", dijo. Bajo estas leyes se ha perseguido a periodistas como Pedro Canché en Yucatán y muchos otros han sido multados y demandados.

"El tema aquí es cómo se usan desde el poder estas herramientas y cómo pueden ser abusadas. El caso más famoso es el de Sanjuan Martínez y Jesús Ortega, que involucraba tecnología, Twitter, difamación, etc.".

Quizá lo más preocupante es lo abierto del lenguaje: "Dice que cualquier expresión que se difunda por cualquier medio; no está acotando de ninguna manera el tipo de medios", apunta Martínez. "En el caso de la difamación, tenía que ver con medios públicos, TV, radio, periódicos, pero cuando dice cualquier medio podrían aplicar una serie de medidas de vigilancia a las comunicaciones que están prohibidas en la Constitución".

Cuando hablan de todos los medios, el especialista cuestiona, "¿Cómo se van a enterar, por ejemplo, si ocurrió vía Whatsapp? A partir de ahí tendrían que ver tus comunicaciones privadas para juzgar este delito".

Otro aspecto preocupante de la reforma es que no limita ni diferencia de ninguna manera a los involucrados. Las viejas leyes contra la calumnia y la difamación solían elevar hablar de aspectos como lo que un funcionario público tenía que --por decirlo de alguna manera-- tolerar, a diferencia de un ciudadano privado. De igual modo, un profesional de la información contaba con mayor campo de maniobra y protección. Nada de esto es contemplado en lo que hoy votaron en San Lázaro.

"Si eres una autoridad pública tienes cierto umbral de escrutinio, si no lo eres es otro. Si eres un periodista tienes mayor capacidad de investigación. Cuando no dice nada [al respecto] y además dice que es si la información es cierta o falsa y cause prejuicio a otra persona... es tan general que puede ser cualquier cosa y está dejando eso en el lado de quien puede abusar de ese delito; quien es depositario de esa ofensa o ese hecho. Si es a través de Whatsapp o Twitter, donde es complicado saber qué tanto daño o tanta ofensa genera, entonces tienes todo el poder de abusar de una ley tan ambigua".

Martínez apunta a las similitudes entre esta reforma al Código Civil y la vapuleada ley de Seguridad Interior: "El problema es el mismo, esta ambigüedad de términos, falta de precisión, este no acotar quién es quién; es más o menos la misma mecánica".

"Claramente es inconstitucional, pero permite avanzar sobre esta especie de terapia de shock. Incluso si no pasa en el Senado, te quedas con la duda de si pueden demandarte por cualquier cosa o cualquier situación; al final genera estrés social", advierte.

"Esperemos que, tal como lo comunican los diputados del PRI, en el Senado tendrán que aprobarla o desecharla. Ojalá la desechen porque es inconstitucional".

En España una ley igual similar ha sido utilizada para detener manifestantes y ahogar, por ejemplo, las protestas en Cataluña.